El cierre de la instrucción en la causa federal en la que Rubén “La Chancha” Ale y Ángel “El Mono” Ale son acusados de comandar una asociación ilícita con fines delictivos y de evadir al fisco a través del lavado de activos abrió las puertas para un juicio oral.
La directora del Centro Jurídico de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariana Quevedo, dialogó ayer con LA GACETA y adelantó algunos de las imputaciones contra los Ale que desarrollarán en el requerimiento de elevación a juicio que presentarán al término de la Feria Judicial.
“La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que se conoció esta semana es muy auspiciosa, porque en el país hay apenas siete condenas por el delito de lavado de activos. Esto nos permite continuar yendo tras asociaciones ilícitas que consiguen dinero a través de actividades ilegales”, explicó Quevedo.
La funcionaria también remarcó que el avance de la instrucción hacia un debate oral permitirá ir tras los bienes que obtuvo el “Clan Ale” de manera supuestamente ilegal. “En nuestro requerimiento vamos a pedir el embargo de todos los bienes, propiedades y dinero que ésta asociación adquirió con dinero que surgió de actividades ilegales”, agregó. La UIF interviene en la causa contra los Ale como querellante y participó de los allanamientos que Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron en 2014 y el año pasado en Tucumán.
La funcionaria nacional dijo que las pruebas recolectadas en esos procedimientos fueron las que les permitieron profundizar la investigación y ampliar la imputación contra “El Mono” Ale. El sospechoso había conseguido evitar la cárcel en el inicio de esta investigación que comenzó en 2013. “Al quedar firme la calificación del delito (lavado de activos y asociación ilícita) por el que están siendo acusados los, Ale vamos presentar un requerimiento en que no sólo los acusaremos a ellos por estar al frente de esta asociación, sino que también imputaremos a todos su cómplices”, concluyó. Entre los imputados a los que se refirió Quevedo también está incluida María Jesús Rivero, ex esposa de Rubén Ale. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) trabajó en conjunto con la UIF en esta investigación. El fiscal de la Procelac, Carlos Gonella, también destacó la importancia de la resolución de la Cámara de Casación. “Tenemos mucha expectativa de que los Ale puedan ser juzgados en este año”, afirmó.